"Uruguay dio prioridad a su legislación interna y no respetó la obligación de presentar el proyecto a Argentina".
El magistrado de la Corte Internacional de Justicia en la Haya (ICJ) Peter Tomka, expuso hoy que a Uruguay no le asistía el derecho de autorizar unilateralmente la construcción de la planta Botnia ni el puerto adyacente. Que no se informó cabalmente a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre los trabajos proyectados antes de otorgar los permisos a cada una de las compañías, "entonces Uruguay no respetó lo impuesto por el Art 7. del Estatuto de 1975". Por otra parte, desestimó las denuncias argentinas de que la fábrica contamina sonora y visualmente. La ICJ determinó además que Uruguay no incumplió los artículos referentes a protección ambiental y cuidado del cauce e instó a las partes a trabajar mancomunadamente estos temas en el futuro, como lo establece el Estatuto.
Argentina demandó a Uruguay en mayo de 2006 ante la ICJ, apelando al Tratado del Río Uruguay, limítrofe entre ambos, y alegó tres violaciones: una autorización inconsulta para la instalación de la planta de la finlandesa Botnia en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú; otra por los avances con la española ENCE (que luego paralizó hasta vender a Stora y Arauco, hoy Montes del Plata) y por último, las concesiones para construir un puerto para estas operaciones.
La decisión de la Corte es inapelable y vinculante, y no existe otro recurso posible. Las concesiones uruguayas provocaron uno de los más grandes conflictos político-diplomáticos entre ambos países y condujeron a innumerables protestas del lado argentino, que desembocaron en cortes mantenidos de las rutas de tránsito entre ambos países. Si bien el fallo no dio lugar al cierre de Botnia, como pretendían muchos, validó un monitoreo conjunto de las aguas circundantes a la planta.
El hecho que el río Uruguay fija el límite entre ambas naciones en una vasta extensión y los conflictos que se presentaron desde inicios del siglo XX, llevó a ambos países a acordar en 1973 el Tratado del Río Uruguay, que estableció una Comisión Administradora binacional que se instaló en 1975.
Algunos de los artículos que reflejan de mejor forma el porqué del conflicto y el dictamen de la Haya son los siguientes: “CAP II Art. 7º — La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas.”
Luego fija los plazos para las respuestas y procedimientos. Y establece en el capítulo XV, art.60, la competencia de la ICJ para dirimir contiendas que no puedan ser resueltas por mutuo acuerdo. “Art. 12. — Si las partes no llegaren a un acuerdo, dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la comunicación a que se refiere el art. 11, se observará el procedimiento indicado en el capítulo XV. “
A pesar de la claridad del fallo, ya hay voces en los medios argentinos aledaños a la planta que no cejarán en los bloqueos ni terminarán la manifestaciones; pero la emisión del fallo ya no daría mayor margen político para permitirlos. También medios locales reprodujeron que habría acuerdo entre ambos Presidentes de no hacer declaraciones estridentes de victoria y consensuarían una pronta reunión.
El paso de ENCE por Uruguay
ENCE operaba en Uruguay desde 1989 y llegó a tener una base forestal de 136.000 hectáres. Adicionalmente había invertido más de 50 millones de dólares en un muelle y terminal de carga, una chipeadora (todo en funciones desde fines de 2003) e iniciado movimientos de tierra para la instalación de una productora de celulosa de 1 millón de toneladas contigua a Botnia, en M’Bopicua.
En 2006 el conflicto entre Argentina y Uruguay por Botnia había escalado fuertemente y se había presentado la demanda. Aunque la compañía declaraba que no desistiría del proyecto de la planta y sí esperaría un aquietamiento de las aguas políticas, se especulaba de su negado traslado, lo que finalmente ocurrió. Paralizó las obras en el lugar inicial y obtuvo una autorización para operar a 31 Km. de allí, en Punta Pereira,departamento de Colonia, donde realizó movimiento de tierras y otras inversiones.
Dos temas hacían que el proyecto no avanzara: ENCE necesitaba un importante crédito bancario para continuar las obras, sobre 1200 millones de Euros, que negociaba con a lo menos cuatro entidades europeas y norteamericanas. Pero el constante ruido que producían las instalaciones de celulosa uruguayas en Argentina no daban soporte político ni tranquilidad suficiente para los créditos. Y un nuevo actor, para peor, entró al mercado: la crisis global.
En mayo de 2009 vendió toda su plataforma uruguaya a un consorcio que formaron la suecofinlandesa Stora Enso y la chilena Arauco, que se renombró posteriormente como Montes del Plata. A esas alturas la compañía ya había desembolsado en el nuevo proyecto unos 250 millones de dólares, incluyendo la terminal, la compra de 170.000 hectáreas de terreno, instalaciones, permisos, etc.
Los posibles efectos del fallo en Montes del Plata
Montes del Plata S.A. presentó a inicios de este mes al gobierno uruguayo su proyecto de inversión, y el inicio del estudio de factibilidad para la construcción de la planta de celulosa en Punta Pereira, con una inversión de 2.300 millones de dólares. El Secretario de la Presidencia de Uruguay, Alberto Breccia, y el Gerente General de Montes del Plata, Erwin Kaufmann, ofrecieron una conferencia de prensa para informar que se trabajaba de manera conjunta para acordar un memorando de entendimiento, procedimiento estipulado por la Ley de Inversiones.
Pero el fallo pone un nuevo interlocutor obligado para esta magnitud de proyecto, por el necesario e intensivo uso de las aguas del río Uruguay: Argentina. Y si bien ello difícilmente bloqueará la inversión, seguramente hará más largo el camino de las autorizaciones y protocolos.
Ya a fines de la semana pasada los diputados peronistas Cristina Cremer de Busti y Gustavo Zavallo, pidieron al gobierno de Cristina Fernández información sobre el reciente anuncio. En la oficina de Cremer de Busti informaron a PAPERMARKET que la intención no era meterse en soberanía uruguaya, sólo que se respetara el Estatuto ( y tenían razón, según la Haya ), ni que Uruguay dejara de autorizar la construcción, simplemente evitar conflictos posteriores como se habían dado.
Consultada Montes del Plata sobre posibles efectos del fallo en el trámite del proyecto, Erwin Kaufmann expresó que "La empresa no comenta fallos judiciales referentes a otras empresas y a otras ubicaciones".
Depto. de Prensa PAPERMARKET 20 de abril de 2010 . |
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